Este alivio, sin embargo, no compensa el ajuste draconiano del primer año y medio de gestión libertaria ni llega a todos los rubros.

Por caso, no se prevén refuerzos para las jubilaciones, persistirían los recortes en algunos programas sociales y subirían las tarifas eléctricas y de gas, aunque se aflojaría el torniquete sobre los fondos a las provincias y las obras públicas, sobre todo las de vialidad.

La iniciativa comenzará a discutirse este miércoles en la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados. El gran interrogante es qué vocación de diálogo exhibirá en esta oportunidad el oficialismo luego de que el año pasado clausurara intempestivamente el debate y prorrogara por segunda vez consecutiva el presupuesto 2023.

La oposición y los gobernadores, envalentonados por sus últimos triunfos en el Congreso, ya advirtieron que no tolerarán una tercera prórroga y se aprestan a reclamar varias modificaciones al texto.

El presupuesto 2026 presenta varias novedades. En primer lugar, el Gobierno no tiene previsto reforzar las jubilaciones, que constituye el gasto más voluminoso del presupuesto. En efecto, el texto mantiene sin cambios la actualización de los haberes por la fórmula de movilidad jubilatoria y no se prevén aumentos en el bono de $70.000 que perciben los jubilados del haber mínimo.

Este monto se mantiene congelado desde marzo de 2024, lo que licúa el poder de compra de casi 3 millones de jubilados.

Las cifras del proyecto así lo revelan: para el año próximo se contempla un aumento del 5,4% real para el pago de todas las jubilaciones –producto de la fórmula de movilidad−, pero también una caída en la partida destinada al pago de los bonos: los $3 billones actuales caerán a $2,9 billones, lo que implica un derrumbe del 13,5% real según la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP).